Constitución Española

Precedentes 

El artículo 48 de la Constitución de 1931 establecía que "el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada". 

Derecho Comparado 

Según el artículo 9 de la Constitución Italiana de 1947, "la República promoverá el desarrollo de la cultura y de la investigación científica y técnica". 

El artículo 73.4 de la Constitución portuguesa, en la redacción dada tras la reforma de 1989, dice que "la creación e investigación científica, así como la innovación tecnológica se incentivarán y apoyarán por el Estado". 

En cuanto al contenido del artículo 44.2 de la Constitución, existe una línea constitucional, muy seguida, que arranca de la Constitución de Weimar, según la cual la ciencia y su enseñanza son libres y el Estado garantiza su protección y cuida su fomento. 

Elaboración del precepto 

Este precepto no sufrió alteraciones significativas durante la tramitación del proyecto constitucional. En efecto, el informe de la ponencia ya contenía la que luego sería la redacción definitiva, y aunque en el Senado se variaron los términos de lo acordado en el Congreso, finalmente la Comisión Mixta volvió a la redacción propuesta por la ponencia. 

Introducción 

1. El artículo 44 de la Constitución contiene: 

(i) el derecho a la cultura, y
(ii) las obligaciones para los poderes públicos de a) promover y tutelar el acceso a la cultura y b) promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 

En este artículo hay, pues, algo más que el reconocimiento del principio de libertad cultural, ya que conlleva la exigencia de una actividad pública en orden al desarrollo cultural y científico y a la promoción de la investigación. El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación. Los poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura, que no es, desde luego, un producto o una creación de la política, sino un fenómeno natural de la comunidad, con todas las precisiones, matizaciones y variaciones que se quieran dar, y que aquí, lógicamente, no pueden ser consideradas. La justificación de esta actividad promocional se encuentra, así, en la valoración que hacen los poderes públicos de la profunda relación que existe entre cultura y ciencia, por una parte y desarrollo de la persona y de la sociedad, por otro. 

2. La Constitución Española contiene numerosas referencias a la cultura, que empiezan en el Preámbulo de la Constitución, donde se dice que "La Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones y de promover el progreso de la cultura". Luego, la cultura vuelve a aparecer en diversos artículos de la Constitución, como el 9.2 (corresponde a los poderes públicos (...) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural), el 46 (los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio... cultural de los pueblos de España (...)), el 48 (los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo... cultural) y el 50 (los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de... cultura (...)). 

Está claro que el concepto de cultura, ya de por sí enormemente amplio, discutido y proteico, no tiene el mismo valor ni el mismo ámbito en sus distintas apariciones en el texto constitucional. En la Constitución se puede reconocer, al menos, un triple tratamiento jurídico de la cultura, en sus vertientes de (i) libertad (de creación, de cátedra, de manifestación de las distintas formas con que aparecen los fenómenos culturales), (ii) diversidad (reconocimiento y coexistencia de culturas distintas) y (iii) actividad promocional (dirigida a facilitar el acceso y disfrute de lo que es un derecho). En cualquier caso, y como señala Prieto de Pedro, el núcleo principal del concepto cultura en la Constitución se encuentra en el artículo 20.1.b), en la referencia a lo artístico, lo literario, lo científico y lo técnico, que no son sino ámbitos de las llamadas manifestaciones de forma de la cultura, si bien es el artículo 44.1 donde el concepto de cultura se comporta como un concepto integral de todas las demás nociones y contenidos presentes en la Constitución. 

3. Desde el punto de vista competencial, conforme a una jurisprudencia constante que arranca con la STC 49/1984, de 5 de abril, "la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún de otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias". Esta es, además, "la razón a que obedece el art. 149.2 de la CE, en el que después de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente." 

Por tanto, ni del art. 148.1. 17º que permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre "fomento de la cultura", como tampoco del art. 149.1.28ª CE, que dispone la competencia del Estado sobre "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español", puede extraerse la conclusión de que la materia de cultura sea omnímoda y excluyente. Antes al contrario, se trata de articular las competencias de modo tal que pueda ser efectivo el principio rector de garantía del acceso a la cultura del art. 44 CE, con el fomento de la misma y la preservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural español. De ahí la configuración de la cultura como una competencia concurrente entre Estado y Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que aquél "pueda intervenir de manera especialmente intensa en relación con aquellas cuestiones que requieran de tratamientos generales o que exijan de una acción pública supraordenada a la de una o varias Comunidades Autónomas." (entre otras, SSTC 122/2014, de 17 de julio y 177/2016, de 20 de octubre) 

4. Las garantías de este derecho de acceso a la cultura son, tal como establece el artículo 53.3 CE (i) el principio de vinculación finalista de la actividad de los poderes públicos y (ii) la imposibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. 

5. Asimismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución, hay que tener muy presentes el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (que reconoce a los miembros de minorías el derecho a tener su propia vida cultural) y el artículo 15.a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural). 

6. En fin, en el ámbito de la Unión Europea, el art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. Por su parte, el Título XIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lleva por rúbrica "cultura", prevé en su art. 167 la contribución de la UE al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. 

La acción de la Unión en materia de cultura favorecerá la cooperación entre los Estados miembros y apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos: a) la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, b) la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea, c) los intercambios culturales no comerciales, y d) la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. En este sentido, el art. 107 TFUE, relativo a las ayudas otorgadas por los Estados, establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior "las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común". El Tratado prevé también la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa. 

Legislación

Son varias las leyes que se ocupan de manifestaciones culturales y de actividades científicas y de investigación. Entre las más importantes pueden mencionarse: 

1. Cinematografía y sector audiovisual. La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, desarrollada por el Real Decreto 1084/2015, constituye la norma básica estatal en materia de cinematografía y sector audiovisual en España. Sus principales objetivos son el apoyo a los sectores independientes de producción, distribución y exhibición, la corrección de desequilibrios en el mercado audiovisual, la adaptación a las nuevas tecnologías y procesos de digitalización, y la protección de la creación y de los autores audiovisuales. La ley reconoce tanto la dimensión cultural como el carácter industrial y económico del sector, impulsando medidas de fomento, ayudas públicas e incentivos fiscales para mejorar la competitividad de las empresas audiovisuales. Asimismo, se inspira en los principios de protección y promoción de la diversidad cultural y lingüística establecidos por la UNESCO y tiene en cuenta la realidad pluricultural y las competencias de las Comunidades Autónomas.  

La Ley también concibe la cinematografía como parte integrante del conjunto del audiovisual, reforzando la relación entre cine y televisión como instrumentos de difusión, financiación y promoción de las obras audiovisuales. Además, regula las relaciones entre los distintos agentes del sector —creadores, productores, distribuidores, exhibidores y empresas técnicas—, promueve la libre competencia y establece mecanismos de protección frente a prácticas restrictivas del mercado, así como cuotas de pantalla para garantizar la presencia del cine europeo y comunitario. Igualmente, presta especial atención a la innovación tecnológica, al desarrollo digital y a la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a la reproducción y difusión no autorizada de obras audiovisuales.  

Posteriormente, el marco jurídico audiovisual español se ha completado con la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que derogó la anterior Ley 7/2010 y adaptó la regulación española a las transformaciones derivadas del entorno digital y de las plataformas de comunicación audiovisual en línea. Esta ley amplía el ámbito regulatorio a prestadores de servicios de intercambio de vídeos y plataformas digitales, refuerza la protección de menores y consumidores, impulsa la accesibilidad y la diversidad lingüística y cultural, y mantiene obligaciones de financiación anticipada de obra audiovisual europea. Asimismo, incorpora nuevas previsiones sobre publicidad, pluralismo informativo y supervisión audiovisual, consolidando un marco normativo más amplio y adaptado a la evolución tecnológica y al nuevo ecosistema audiovisual digital.. 

2. Archivos, Museos y Bibliotecas. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, rubrica su Título VII: Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos. El art. 59 ofrece las definiciones legales de las instituciones de naturaleza cultural: 

Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. 

Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información. 

Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

Por lo que respecta al Patrimonio Documental y Bibliográfico, que forma parte del Patrimonio Histórico Español, está constituido por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo. En este ámbito, además de la regulación de los archivos dimanante de la citada Ley 16/1985 -capítulo I del Título VII-, así como de la regulación de los archivos y registros administrativos que efectúan las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que prevé la creación de un archivo electrónico único en cada Administración Pública que será compatible con la continuidad del Archivo Histórico Nacional) y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en conexión con el art. 105.2 CE, deben destacarse: 

- el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el Sistema Español de Archivos, previsto en el artículo 66 de la Ley 16/1985, formado por los archivos de la Administración General del Estado y el resto de archivos públicos y privados, vinculados al Sistema mediante los correspondientes instrumentos de cooperación. 
- la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, así como el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. 

Por lo que respecta a las bibliotecas de titularidad estatal, es destacable la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, desarrollada por Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, cuyo capítulo quinto está dedicado a las bibliotecas. Incorpora los principios, valores y normas que gozan de mayor consenso entre los profesionales de las bibliotecas y las organizaciones internacionales relacionadas con las mismas. Igualmente, y debido al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad bibliotecaria, se prevé su utilización en los aspectos de dicha actividad en los que su uso se considera de especial importancia. 

Por otro lado, se delimitan los intereses y fines que son propios de la Administración General del Estado en materia de bibliotecas. Asimismo, se mencionan los medios y se definen las estructuras fundamentales para la consecución de tales fines e intereses. Especial mención merece el Sistema Español de Bibliotecas, previsto en la citada Ley 16/1985, que comprende el conjunto de órganos, centros y medios que, mediante relaciones de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de desarrollar los servicios bibliotecarios. Forman parte del Sistema Español de Bibliotecas: a) el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas de titularidad estatal; b) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (cuya Reglamento aprueba el Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre); y c) los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y de todo tipo de entidades privadas en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que se establezca. 

También contempla la Ley las bibliotecas digitales, definidas como colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. Puede mencionarse la biblioteca digital europea -"Europeana"-, puesta en funcionamiento a finales del año 2008, que proporciona acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados, como libros, música o material gráfico diverso. 

La Biblioteca Nacional de España es el centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental español que se produce en cualquier tipo de soporte o medio. De acuerdo con su ley reguladora, Ley 1/2015, de 24 de marzo, tiene como misión reunir, catalogar, conservar, incrementar, gestionar, difundir y transmitir, en cumplimiento de sus fines, el patrimonio bibliográfico y documental español y sobre España publicado en el extranjero, como fuente de conocimiento para toda la sociedad española e internacional, garantizando su integridad y facilitando el acceso al mismo a toda la ciudadanía y a las generaciones futuras. 

La Biblioteca Nacional se configura como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, y forma parte del Sistema Español de Bibliotecas. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Su Estatuto ha sido aprobado por Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre. 

En el ámbito de los Museos de titularidad estatal, la Ley 46/2003, de 26 de noviembre, reguladora del Museo del Prado, trata de una relevante institución cultural de nuestro país, símbolo para una sociedad contemporánea, caracterizada por un creciente interés por las manifestaciones culturales. La Ley consagra un nuevo marco jurídico para una institución centenaria, con el siguiente modelo jurídico organizativo: 

a) un régimen jurídico de derecho público; el Museo se define como un organismo público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines, que tiene como órganos rectores un Presidente, un Real Patronato y un Director, 
 b) un régimen de personal basado en el derecho laboral, 
 c) un régimen de contratación sometido a la Ley de Contratos del Sector Público, y
 d) un régimen presupuestario específico, para facilitar la gestión presupuestaria y permitir la aplicación de los recursos financieros propios a las actividades del Museo. 

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regula por Ley 34/2011, de 4 de octubre, que dispone un régimen jurídico sustancialmente idéntico al previsto para el Museo del Prado. 

3. Artes escénicas y música. Puede mencionarse la siguiente normativa: Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura y funciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM); Real Decreto 1245/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Orquesta Nacional de España; y la regulación general de conservatorios apoyada en la Leu Orgánica de Educación 2/2006 y el Real Decreto 303/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartían enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

4. Por medio de las leyes de presupuestos, tanto desde el Estado como desde las CCAA, se diseñan políticas públicas de fomento cultural y acceso igualitario a la cultura, instrumentadas fundamentalmente a través de subvención pública directa, persiguiendo así el estímulo del consumo cultural y el apoyo a la industria cultural, como por ejemplo el caso del llamado bono cultural joven del Estado, o de ampliación del servicio público, como el programa de Bibliotecas Abiertas de la Comunidad de Madrid, así como las subvenciones a instituciones concretas y otras de concurrencia competitiva.

5. En otro orden de cuestiones, el apartado 2 del artículo 44 de la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, hoy derogada, estableció la organización básica del Estado en materia de ciencia y tecnología definiendo un instrumento principal de planificación estratégica: el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Las Comunidades Autónomas, por su parte, han desarrollado sus propios instrumentos de organización y planificación de la ciencia y la tecnología, así como de apoyo a la innovación, de acuerdo con sus propias competencias. 

La vigente Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dictada al amparo del art. 149.1.15ª CE, modificada de forma relevante por la ley 17/2022, de 5 de septiembre, incorpora, respecto de la normativa anterior, un conjunto de medidas que persiguen situar la legislación española sobre la materia en la vanguardia internacional, entre las que pueden mencionarse: el establecimiento de derechos y deberes del personal investigador y técnico; el compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica; la incorporación de la dimensión ética profesional, plasmada en la creación de un Comité encargado de aplicar los criterios y directrices internacionalmente aceptados; o el concepto de cooperación científica y tecnológica al desarrollo. 

La Ley recoge un amplio catálogo de objetivos generales que abarcan todos los aspectos relevantes relacionados con el impulso de la investigación científica y técnica y la innovación. Así, la I + D + i constituye el camino mediante el cual se pretende dar respuesta a los grandes retos estratégicos del Estado en materia económica, conjugando la necesidad de cambio y la sostenibilidad. Asimismo, se profundiza en la vertebración de las relaciones y en el diálogo entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad. En particular, se reconocen las actividades de divulgación y de cultura científica y tecnológica como consustanciales a la carrera investigadora. 

El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se define como el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad. Dicho Sistema está integrado, en lo que al ámbito público se refiere, por las políticas públicas desarrolladas por la Administración General de Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por las Comunidades Autónomas. 

En el ámbito de las competencias del Estado, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación se configura como el marco de referencia plurianual para alcanzar los objetivos generales de la ley en materia de investigación científica y técnica. Por su parte, la Estrategia Española de Innovación se configura como el marco de referencia plurianual con el que, desde una concepción multisectorial, se pretende implicar a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la consecución del objetivo común de favorecer la innovación y así transformar la economía española en una economía basada en el conocimiento. Corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y previo informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, la elaboración las respectivas Estrategias, que se elevarán al Gobierno para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales. 

Finalmente, se crea el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de disponer de información global del conjunto de agentes del Sistema para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, la Estrategia Española de Innovación, y sus planes de desarrollo. 

6. La Directiva europea 2019/790, sobre derechos de autor en el mercado único digital, supone un cambio importante en lo que se refiere a acceso a la cultura, porque intenta equilibrar la protección de la propiedad intelectual nacional con el acceso a la cultura, la educación y la preservación del patrimonio cultural europeo, declarando que los derechos de autor no pueden impedir de forma desproporcionada el acceso a la educación y la cultura. Así, permite que las bibliotecas, archivos museos y filmotecas realicen copias de obras protegidas para garantizar su conservación, autoriza ciertos usos automatizados de obras para investigación científica, inteligencia artificial y análisis masivos de información cultural o científica. En general supone dentro del mercado único europeo el proteger la creación cultural sin bloquear la circulación del conocimiento y el acceso democrático a la cultura, línea que ha tendido a seguir la la jurisprudencia reciente del TJUE que tiene carácter obligatorio en toda la UE.

Jurisprudencia constitucional 

Sobre cinematografía y protección cultural: 

"La calificación de películas de "arte y ensayo"(art. 7) es un medio que con técnicas de fomento se orienta a la promoción y tutela de un bien cultural y que en definitiva se sitúa dentro de los principios proclamados por la CE (art. 44.1). En el caso del art. 7 la protección se dirige a películas de nacionalidad española o extranjera, estas últimas en versión original, subtituladas o no, de interés cultural, y se dota mediante estímulos fiscales (art. 8) cuando la exhibición de la película calificada se hace también en salas calificadas. Se trata, en este caso, de una actividad de fomento de bienes culturales a la que se sirve mediante estímulos positivos desgravatorios, esto es, mediante exenciones tributarias de carácter objetivo. La calificación de películas "X", esto es, pornográficas o que realicen la apología de la violencia, se configura como un fenómeno de intervención, de carácter negativo, restrictivo de unas actividades, que se hace eficaz mediante limitaciones (...). Todo este conjunto, ligado a la calificación, se orienta a la protección de un bien constitucionalizado, como es la protección de la juventud y de la infancia ( art. 20.4 y en su caso art. 39.4 de la CE ), en relación con la sensibilidad moral del espectador medio. Se trata en este caso de una intervención coactiva de signo policial y de medidas negativas desestimuladoras de una actividad". ( STC 49/1984, de 5 de abril ) 

Sobre vinculación entre cine y cultura; promoción y protección de la industria cinematográfica y audiovisual española (régimen de subvenciones), y títulos competenciales en materia de cultura vid. STC 153/1985, de 7 de noviembre, STC 35/2016, de 3 de marzo, STCS 13 y 90/1992 de 6 de febrero y 11 de junio y 109/1996, de 13 de junio.

Sobre libertad de creación cultural, libertad de expresión y límites penales, vid. STS 35/2020, de 22 de julio, STC 177/2025 de 13 de mayo y Decisión TEDH Rivadulla Duró vs Spain 12 octubre 2023.

Sobre propiedad intelectual y equilibrio con el acceso a la cultura, la educación y la preservación del patrimonio cultural: TJUE, asunto C-117/13, Technishe Universität Darmstadt c. Eugen Ulmer (2014), asunto Deckmyn (parodia) C—201/13 (2014), asunto Pelham, C-476/17 (2019).

Competencias en materia de investigación científica: 

"Por lo que se refiere al art. 149.1.15. de la C.E., es preciso destacar que la competencia estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica. No obstante, la determinación del contenido y extensión de dicha competencia constituye la clave que permitirá dar respuesta adecuada a buena parte de las impugnaciones efectuadas, razón por la cual es preciso puntualizar sobre dicha competencia lo siguiente: 

a) Existe un pleno paralelismo entre el art. 149.1.15. de la C.E. y el art. 148.1.17. de la C.E., que reconoce a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir estatutariamente competencias -como así ha sucedido en líneas generales, aunque con cierta heterogeneidad en las fórmulas utilizadas- en la materia "fomento (...) de la investigación", lo que evidencia que, constitucionalmente, la misma materia queda o puede quedar, en principio, a la plena disponibilidad de una pluralidad de Centros decisores, es decir, a la disponibilidad del Estado y a la de todas las Comunidades Autónomas. 
 b) No resulta en absoluto convincente la tesis de que el fomento de la investigación científica y técnica, dado su contenido, circunscriba la competencia estatal -y, en su caso, la autonómica- al mero apoyo, estímulo o incentivo de las actividades investigadoras privadas a través de la previsión y otorgamiento de ayudas económicas o de recompensas honoríficas y similares, excluyendo, como contrapuesta, aquellas otras acciones directas de intervención consistentes en la creación y dotación de Centros y organismos públicos en los que se realicen actividades investigadoras, sino que la señalada expresión engloba a todas aquellas medidas encauzadas a la promoción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben también incluirse las de carácter organizativo y servicial que permitan al titular de la competencia crear y mantener unidades y Centros dedicados al desarrollo y divulgación de las tareas investigadoras. 
 c) Al atribuirse constitucionalmente al Estado la competencia para el fomento de la actividad investigadora y científica, tampoco cabe duda de que el titular de la competencia asume potestades, tanto de orden normativo como ejecutivo,para el pleno desarrollo de la actividad de fomento y promoción, sin que ésta quede circunscrita,(...) , al ejercicio de potestades ejecutivas. (STC 90/1992, de 11 de junio). 

También pueden citarse las SSTC 109/1996 de 13 de junio, sobre clarificación competencial en torno al sistema español de museos, y las SSTC 46 y 47 de 2010 ambas de 8 de septiembre, sobre integración en el sistema de archivos de Cataluña de sus fondos situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona. 

Comentario elaborado por

Pedro Peña Jiménez, Letrado de las Cortes Generales.2004.

Actualizado por

Sara Sieira Mucientes, Letrada de las Cortes Generales. 2011.
Alejandro Rastrollo Ripollés. Letrado de las Cortes Generales. 2017. 
Ignacio Navarro Mejía, Letrado de las Cortes Generales. 2019.
Bárbara Cosculluela Martínez, Letrada de las Cortes Generales. 2026.

Bibliografía

Gálvez Montes, Javier Artículo 44 / Javier Gálvez Montes., en Comentarios a la Constitución / Fernando Garrido Falla [et al.]. -- 3ª ed. -- Madrid : Civitas, 2001. -- P. [897]-908.

García Fernández, Javier Fomento de la ciencia : artículo 44.2 / Javier García Fernández, en Comentarios a la Constitución española de 1978 / dirigidos por Óscar Alzaga Villaamil. -- [Madrid] : Cortes Generales [etc.], 1996-1999. -- T. IV, (p. [217]-234).

Prieto de Pedro, Jesús Cultura, culturas y Constitución / Jesús Prieto de Pedro ; prólogo de Tomás Ramón Fernández.--1ª ed, 3ª reimp--Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1992 (imp. 2004) 294 p. ; 21 cm.

Prieto de Pedro, Jesús El derecho a la cultura : artículo 44.1 / Jesús Prieto de Pedro, en Comentarios a la Constitución española de 1978 / dirigidos por Óscar Alzaga Villaamil. -- [Madrid] : Cortes Generales [etc.], 1996-1999. -- T. IV, (p. [205]-216).